Ciudad de México, 3 de diciembre (Telemundo).- Los homicidas de la activista Berta Cáceres deberán cumplir condenas de por lo menos 30 años de prisión, tras recibir este lunes su sentencia, más de tres años después de que la hondureña fue asesinada en su hogar mientras protestaba contra la construcción de una represa hidroeléctrica.
Cáceres, también maestra y defensora de los derechos indígenas como integrante de la comunidad lenca, tenía 44 años cuando hombres armados irrumpieron en su hogar hacia la medianoche del 2 de marzo de 2016. Dispararon contra ella y el activista mexicano Gustavo Castro, quien sobrevivió y ha sido testigo protegido del caso.
La hondureña, que unos meses antes había sido nombrada la ganadora del premio Goldman 2015 a defensores del medioambiente (apodado el Nobel Verde), ya había denunciado amenazas en su contra. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos incluso emitió medidas cautelares para su protección desde 2009, que el gobierno hondureño no puso propiamente en marcha, según criticó la CIDH.
Los condenados incluyen a Sergio Ramón Rodríguez, ex gerente de la empresa que quería construir la presa, Desarrollos Energéticos (Desa); Douglas Geovanny Bustillo, antes teniente del Ejército y director de seguridad de Desa; el militar Mariano Díaz, también investigado por narcotráfico; y cuatro hombres acusados de ser los autores materiales que dispararon.
Estos últimos recibieron sentencias de 50 años y 4 meses de reclusión tanto por el asesinato de Cáceres como por la tentativa de homicidio del mexicano Castro. Rodríguez, Bustillo y Díaz, en tanto, deberán pasar 30 años en la cárcel por la muerte de Cáceres.
Los herederos de Cáceres celebraron que por fin se dictara sentencia, un año después de que los acusados fueron declarados culpables, pero dijeron que todavía falta investigar a más de los responsables intelectuales.
“Es un principio de un camino para la justicia, que ha sido bien doloroso y bien atropellado”, dijo Berta Zúñiga Cáceres, hija de la activista y dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) que fundó su madre. Añadió que “aquí no ha acabado ese camino, porque hasta que todas esas personas no sean enjuiciadas no va a acabar esta batalla”.
Ya hay un octavo acusado –David Roberto Castillo, ex director ejecutivo de Desa– que está señalado como el autor intelectual. Lleva un proceso por separado, pues fue arrestado casi dos años después que los demás, y todavía no empieza su juicio.
Desarrollos Energéticos (Desa) quería construir la presa Agua Zarca en el río Gualcarque, que es sagrado para el pueblo lenca. La construcción además habría restringido el acceso al agua potable para la comunidad, según el Copinh.
La imputación de Castillo indica que decidió gestionar el homicidio debido a las pérdidas financieras de Desa resultado de las protestas de la activista y del consejo de comunidades indígenas Copinh.
América Latina es la región más mortífera para quienes hacen activismo ambiental: dos tercios de los más de mil asesinatos de defensores del medioambiente entre 2000 y 2017 sucedieron en la región, según el grupo Global Witness.
Esa organización ha señalado a Honduras como uno de los peores países del mundo en cuanto a la seguridad para activistas de este tipo, con más de 120 personas asesinadas por activismo ambiental desde 2010.
